dissabte, 16 de novembre del 2013

http://www.lasprovincias.es/v/20131116/ribera-costera/remodela-concejalias-montserrat-tras-20131116.html

Que desfachatez:
«somos un gobierno plural y progresista, abierto y participativo con expectativas de futuro»

a Ribera-Costera

Mas remodela las concejalías de Montserrat tras confirmarse que sigue como alcalde

16.11.13 - 00:31 -
Tras confirmarse que Josep María Mas García (PSPV) continuará al frente del Ayuntamiento de Montserrat, el gobierno municipal ha sufrido una remodelación «mínima» ya que, según fuentes municipales, «no eran necesarios demasiados cambios porque la organización ha funcionado muy bien». Así pues, además de la alcaldía, Mas se ocupará de las áreas de Urbanismo, Mantenimiento, Medio Ambiente, Infraestructuras y Movilidad.
Por su parte, Joan Rafael García Perales, primer teniente de alcalde, se encargará de Personal y Policía Local, Hacienda y Urbanizaciones. Santiago Martínez Tarazona será concejal de Desarrollo Local y Tecnología, Participación Ciudadana y Comunicación. Mientras tanto, Regina Campos Ortega se ocupará de las áreas de Cultura y Patrimonio, Agricultura, Juventud y Deportes y Sostenibilidad.
Por último, Lidia Campos Saiz será concejala de Educación y Formación y Fiestas y Carmen Massó Martínez de Sanidad y Bienestar Social.
En definitiva, «se ha producido un intercambio de concejalías entre Mas y Perales tal y como estaba acordado». Asimismo, fuentes municipales aseguran que «seguiremos trabajando en la misma línea como hemos hecho hasta ahora» y han anunciado que «las nuevas competencias entrarán en vigor el lunes».
Desde el Consistorio de Montserrat insisten en que «no habrá ningún incremento salarial» y es que «la austeridad y la atención social son prioritarios». De esta forma, «todos los concejales cobran lo mismo a excepción del alcalde que está liberado y tiene dedicación completa al cargo».
Finalmente, el equipo de gobierno de Montserrat ha concluido que «somos un gobierno plural y progresista, abierto y participativo con expectativas de futuro».

dimarts, 12 de novembre del 2013

 Para quienes tienen problemas con su hipoteca

 http://opeuribor.es/2013/03/14/nuevo-modelo-demanda-de-juicio-declarativo/

Nuevo Modelo: Demanda de Juicio Declarativo

Hoy se hará publica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre lo absurdo de nuestro ordenamiento jurídico en materia hipotecaria y de defensa de los consumidores ante los bancos.
Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando. El futuro no es competición sino colaboración. Muestra de ello el fenomenal trabajo de Pepe Giménez (@Pespe1956), que pone a disposición de todos un eleboradísimo modelo de DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO para anular el Euribor en aquellos supuestos en que el hipotecado ya ha sido ejecutado y su inmueble va a ser subastado. Naturalmente los profesionales sabrán sacar provecho de todo lo que contiene este modelo. No sólo para los ejecutados, también para los deudores al corriente de sus deudas.
Gracias a todos.
*Aprovechamos para adjuntar las traducciones juradas de las sentencias del caso Barclay’s respecto al fraude del Libor, que se corresponden con los documentos 15 y 16 de la #OpOposición
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Si te quieren desahuciar te interesa :

http://www.eldiario.es/zonacritica/estafa-financiera-grande-historia-Europa_6_194640541.html
"Poco después, ampliamos las posibilidades incluyendo un nuevo modelo, esta vez para demandar directamente la nulidad del tipo de interés referenciado al euríbor por no cumplirse los requisitos legales para su cálculo y publicación."


La estafa financiera más grande de la historia de Europa

Cómo explicar de manera sencilla qué significa que la Comisión Europea esté preparando sanciones económicas a seis gigantes financieros europeos y, lo más importante, cómo hemos llegado hasta aquí: no es que el euríbor haya sido manipulado, es que, según los requisitos de nuestra legislación, directamente no ha existido
El euríbor cae a mínimos de junio (0,506 por ciento) tras la rebaja de los tipos del BCE
Gráfico que muestra la evolución del euríbor en los últimos 12 meses. / Efe
Todo empezó en junio de 2011, con las plazas aún calientes tras las acampadas del 15M. Durante esos días, el abogado Juan Moreno Yagüe (@hackbogado) andaba revolucionado por un caso en el que tenía que defender a un peluquero sevillano en una demanda en la que Cajasol le exigía unos intereses disparatados por una pequeña deuda contraída por despiste. La gran sorpresa, me contaba entonces @hackbogado, había sido examinar las tablas que publicaba el Banco de España sobre el índice interbancario español (míbor), que se utilizaba como referencia para préstamos antes de la entrada en vigor del euríbor.

 
En sus pesquisas, Juan descubrió que desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime había muchos días en los que el míbor quedaba "en blanco", lo que, según nos explicó el Banco de España, se debía a la ausencia de préstamos entre las entidades bancarias que lo conformaban. La pregunta consiguiente era, lógicamente, si los bancos europeos también habían dejado de prestarse dinero entre ellos, estando los tipos de interés del Banco Central Europeo por los suelos.
¿Por qué son importantes esas operaciones entre bancos? Porque la legislación española, materializada en circulares del Banco de España, definía el cálculo de los tipos de interés variable como la media de los intereses a los que una serie de bancos (primero los españoles, luego los miembros de la Federación Bancaria Europea) se hacen depósitos de un año entre sí (circular 5/1994 del 22 de julio, BOE 3 de agosto de 1994 del Banco de España, modificada por la 7/1999). Se utiliza el mercado interbancario con los siguientes objetivos:
a) Que no dependa exclusivamente de la propia entidad de crédito que redacta el contrato, ni sea susceptible de influencia por ella, en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.
b) Que los datos que sirvan de base al índice sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.
Para la objetividad del dato y la conformación neutral de la referencia, la norma exige, además, que sean al menos 12 las entidades que realicen operaciones y comuniquen los datos, y que estas pertenezcan, como mínimo, a tres países diferentes.
Luego, si no hubiese operaciones entre los bancos, ¿cómo estarían calculando el dato? ¿Con base en estimaciones de oferta? ¿El euríbor es simplemente una encuesta? Y si es así, ¿en qué se basa la Comisión para determinar la manipulación?
Para resolver estas incógnitas iniciamos una ronda de preguntas sobre las dichosas operaciones, empezando por la entidad comercial, Cajasol, que nos remitió al Banco de España, que nos dirigió a la Federación Bancaria Europea, que nos mandó a Thomson Reuters (corporación que publica a diario el euríbor) que, en última instancia, nos requirió una orden judicial para poder liberar esa información. Cuando haciendo preguntas alguien te pide una orden judicial para contestar, es que algo esconde. Volvimos a hacer la ronda de preguntas, pero esta vez por escrito, para que quedase constancia de que allí nadie sabía o quería contestar a nada, ni los bancos, ni los reguladores, ni la Comisión Europea, a la que dirigimos numerosos escritos alertándola de lo que ocurría.
Toda la documentación derivada de la investigación, junto con modelos descargables para que cada persona pudiese hacer lo propio en su banco, la subimos a una web y lanzamos públicamente nuestra campaña #OpEuribor, de la que se hicieron eco varios medios de comunicación.
Quizás por las dimensiones de la potencial estafa o por la naturalidad con la que recibimos noticias sobre las prácticas de dudosa moral de los bancos, percibimos bastante escepticismo, sobre todo en expertos bancarios y economistas, confiados ellos en los mecanismos de autorregulación, en los supervisores o en el mercado. Pero las dudas se transformaron en certeza al destaparse que "el primo anglosajón" del euríbor, el líbor, también había sido objeto de falsedad y manipulación.
Con estos mimbres, el equipo de #OpEuribor preparó el siguiente asalto: la vía judicial. Y en atención a la urgencia que merecen los desahucios en nuestro país, decidimos empezar por poner al servicio de potenciales desahuciados un modelo de oposición a la ejecución hipotecaria en lo que llamamos la #OpOposición. Poco después, ampliamos las posibilidades incluyendo un nuevo modelo, esta vez para demandar directamente la nulidad del tipo de interés referenciado al euríbor por no cumplirse los requisitos legales para su cálculo y publicación.
Al mismo tiempo que lanzábamos campañas y modelos, manteníamos la correspondencia con varios organismos e instituciones. Thomson Reuters nos aseguró que en mayo de 2012 nos remitiría las operaciones demandadas, pero no lo hizo. La Comisión de Competencia, dirigida por Joaquín Almunia, parecía más preocupada por comprender lo que requeríamos que en proporcionarnos información o en actuar. Por último, pedimos al Banco de España el expediente previo a la elaboración de las circulares antes citadas, expediente que un funcionario estaba dispuesto a trasladarnos hasta que, en palabras textuales suyas, "se le frenó desde arriba".
Hoy, tras más de dos años de investigación y 20 meses desde que la hicimos pública, las multas anunciadas por Bruselas nos vienen a confirmar todo lo recorrido. Suponen el primer amago de reacción de las autoridades comunitarias ante lo que puede ser la estafa financiera más importante de la historia europea (tan sólo en España afectaría a 18 millones de contratos). Pero nos tememos que, como están haciendo sus homólogas anglosajonas, pretendan sólo quedarse ahí. Es por ello que seguiremos proporcionando herramientas jurídicas a todas las personas que decidan hacer frente a sus bancos, ya que el tipo de interés es el elemento esencial de los contratos de préstamos y, como tal, supondría causa de nulidad el hecho de estar falseado, de quedar sometido a la voluntad de uno solo de los contratantes.
Esta vía de demanda judicial ya nos ha dado algunas alegrías y también está empezando a usarse en el caso del líbor, pero no por personas afectadas –que suponemos no tendrán la capacidad ni la asistencia que en España ofrecen grupos como la PAH y #OpEuribor–, sino por grandes corporaciones que se han visto también estafadas por los bancos.
Nuestra tesis es simple y va más allá de lo que, por el momento, alcanza a plantear la UE. No es que el euríbor haya sido manipulado, es que, según los requisitos de nuestra legislación, directamente no ha existido
¿A cambio de que renuncia este Señor, según él ,dueño del partido AIGUA?, Conociendo su codicia por ser Alcalde , seguro que este acuerdo entre estos dos "lideres", lo pagaremos caro los ciudadanos de Montserrat, al tiempo. Espero que algun dia despienten los habitantes de esta poblacion y vean de lo que son capaces algunos "politicos" por conseguir el poder y otras prebendas...

http://www.lasprovincias.es/v/20131112/ribera-costera/aigua-renuncia-alcaldia-montserrat-20131112.html

La Ribera-Costera

Aigua renuncia a la alcaldía de Montserrat y permitirá que el PSPV siga en el cargo

Joan García Perales afirma que no está obsesionado con la vara de mando y justifica su decisión en que el PP local «no es de fiar»

12.11.13 - 00:04 -


El partido Aigua de Montserrat ha decidido renunciar a la alcaldía de la localidad durante la segunda mitad de la legislatura, como estaba acordado con el PSPV, y permitirá que los socialistas, con Josep Maria Mas, mantengan la vara de mando.
Esta decisión impide que la popular Laura Sanjuán, que encabezaba la lista que fue la más votada en las pasadas elecciones, pudiera volver a este cargo al no contar con el séptimo voto necesario, el del concejal Josep Vicent Campos (EU).
La junta directiva de este partido (Agrupació Independent General d'Urbanitzacions i Associacions) justificó su decisión en la falta de apoyo de EU. Afirmaron que la «voluntad latente del concejal Campos y sus seguidores es el regreso del PP al gobierno municipal. L'Esquerra de Montserrat y PP son lo mismo».
Desde Aigua también criticaron la labor del PP mientras dirigió el Consistorio entre los años 2007 y 2011, que definieron como «incompetente». Así, rechazaron la labor en el ámbito económico, de personal y en otras áreas como la sanidad, cultura, educación, servicios sociales, medio ambiente o urbanismo: «El PP de Montserrat no es de fiar. Llegaron a la alcaldía con el apoyo de Aigua pero al cabo de un año se les olvidó. La alcaldesa Sanjuán, sin ningún miramiento, destituyó al concejal de Aigua de todas sus responsabilidades porque no bailaba a su son».
También justificaron el mantenimiento de Mas en la alcaldía en que el programa electoral de Aigua «se está cumpliendo». Éste se basaba en tres principios: «La austeridad del gasto público para hacer frente a la deuda pendiente, la transparencia en la gestión de los servicios públicos básicos y el reparto equitativo de los recursos atendiendo a los más desfavorecidos».
El pacto, recordó García Perales, se basaba en la confianza en que el concejal de EU, «aunque fuera por omisión, impediría un gobierno de derechas».
Reconoce que el pacto con el PSPV se cumple «aunque no en su totalidad» y lo justifica en que «ni nos apegamos a la poltrona ni no obsesiona ser el alcalde de Montserrat. Nosotros trabajamos en equipo, en Aigua nos apegamos a la responsabilidad, a la transparencia en la gestión, al ahorro... el trabajo de tres años podría echarse a perder por egoísmos».
Desde Aigua concluyeron tras señalar que «no podemos regalar a incompetentes el gobierno municipal en esta última etapa y mucho menos arriesgarnos a que la decisión la tome un único concejal desorientado», en referencia al edil de Esquerra Unida.
Por su parte, la concejala popular Laura Sanjuán recordó que García Perales «presentó él mismo la renuncia porque quería ser concejal de Urbanismo pero sin firma, algo que no podía ser».
Negó que el problema de la localidad hayan sido los cuatro años de gobierno del PP: «Los números están ahí. La población creció mucho, pero, pese a todo, nosotros sólo creamos dos plazas nuevas: la de informático y la de intendente de la Policía Local, después de que no se solapara con la de inspector. Nunca pagamos estos dos sueldos a la vez». El resto de plantilla, añadió Sanjuán, eran «interinos».
En su opinión, tanto Mas como García Perales tratan de «justificarse» ante el «ridículo que han hecho diciendo que los pactos se tenían que cumplir. Han intentado dar clases de democracia cuando no han cumplido el pacto».
 

dilluns, 11 de novembre del 2013

http://coaliciocompromis.net/12314/compromis-presenta-en-el-jutjat-de-guardia-una-denuncia-per-prevaricacio-contra-el-consell-per-la-maniobra-per-controlar-rtvv/


Compromís presenta en el jutjat de guàrdia una denúncia per prevaricació contra el Consell per la maniobra per controlar RTVV

Publicat el 9 novembre 2013 en Llibertat i Igualtat
  • El govern valencià va usurpar les funcions de la Junta d’Accionistes de RTVV que havia atorgat als liquidadors l’ens.
  • Aquesta acció judicial de Compromís se suma al recurs contenciós – administratiu davant del TSJCV.
El grup parlamentari Compromís va presentar ahir a la nit, al jutjat de guàrdia, una denúncia per via penal contra el Consell per entendre que hi ha prevaricació en la maniobra realitzada pel govern del PP per recuperar el control de RTVV.
Aquesta denúncia, dirigida a la Sala Civil i Penal del TSJCV per estar aforats dels membres del Consell, ha estat signada pels sis diputats de Compromís a les Corts i se suma a les accions judicials iniciades per la coalició amb la presentació d’un recurs contenciós-administratiu pel nomenament de nous consellers de RTVV.
Segons ha assegurat la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “després de revisar tot el procediment realitzat pel Consell en els últims dies al voltant de RTVV hem pogut comprovar que el govern valencià en el seu afany per recuperar el control de l’ens públic ha comès una sèrie d’irregularitats en què nosaltres considerem que hi ha delicte”.
La denúncia de Compromís assenyala que “el 7 de novembre de 2013 el Consell, amb posterioritat a promulgar el Decret Llei 5 /2013, constituït en Junta General de la mercantil RTVV, SA va nomenar 5 membres del Consell d’Administració i designar el director general del mateix. Aquest nomenament el fa el Consell sense que s’haja produït el traspàs de poders de la Junta General, que actualment, com va reconèixer ahir el vicepresident Císcar en roda de premsa (s’adjunta àudio) està constituïda pel Consell de Liquidació de l’ens. Per tant, es produeix un nomenament de càrrecs públics, els consellers de RTVV, SAU, per un òrgan manifestament incompetent per a això, ja que el propi Decret Llei 5/2013 de 7 de novembre estableix com a òrgan de la mercantil a la Junta General, sense més, havent eliminat minuts abans el mateix Consell en aprovar el decret llei, la previsió de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, l’article 10 de la qual establia que la Junta General estava constituïda pel Consell”.
En definitiva, el propi Consell es va inhabilitar com a Junta General amb l’aprovació del Decret Llei i minuts després es va erigir en Junta General, sense cobertura legal, nomenant als nous consellers i director general, sense que en el temps transcorregut entre un acte i altre poguera haver-se produït un traspàs de poder de la Junta de Liquidació constituïda en Junta General, al Consell perquè aquest poguera legalment constituir-se en Junta General de la societat mercantil.
Quina és la motivació del Consell per a aquesta sèrie de canvis legislatius? En dimitir els consellers en el seu dia proposats pel PP el Consell d’Administració va quedar constituït per consellers nomenats per altres partits no afins al Consell. La urgència del govern valencià de recuperar la possibilitat de control sobre els òrgans directius, els va portar mitjançant el Decret Llei 5/ 2013 a eliminar com a Junta General a la Llei 3/2012 perquè no hi haguera dubte que la Junta General estava constituïda per la Junta de Liquidació. Així les coses, els liquidadors es van presentar a les instal·lacions de TVV de Burjassot i els van dir als membres del Consell d’Administració que no podien actuar i que la representació la tenien ells com a Junta General i únics accionistes. Testimonis d’això són els membres del Consell d’Administració, entre ells, l’elegit a proposta de Compromís Rafael Xambó. La improvisació, els nervis que RTVV estiguera emetent de manera lliure i sense pressions polítiques va portar al Consell constituït en Junta General, al nomenament dels nous consellers i del nou director, en frau de llei per burlar les majories qualificades que la Llei 3/2012 exigeix per al nomenament d’aquests membres. Les seues pròpies martingales legals els van portar a arribar a cometre l’il·lícit penal que denunciem.
El fet que no s’haja produït el traspàs de poder de la Junta General (Junta de liquidació) al Consell, situa els membres del Consell que van participar en la decisió i als consellers nomenats que hagueren acceptat el càrrec en l’il·lícit penal, donat que es van constituir en Junta General sense poder ser-ho, en establir la legislació exposada que la Junta General està constituïda pel Consell de Liquidació de RTVV usurpant d’aquesta manera una potestat aliena i procedint a uns nomenaments sense els requisits legals i adoptant una resolució sabent de la seua injustícia.
Segons ha explicat Oltra, “el govern valencià s’ha arrogat un poder que no té i això està tipificat en el Codi Penal en els articles 404, 405 i 406 amb penes d’inhabilitació i de presó. Entenem que hi ha un delicte de prevaricació, un delicte de nomenament de càrrec públic sense els requisits legals necessaris i aquests són delictes greus contra l’administració pública que hem portat al jutjat de guàrdia”.
Esperem que els tribunals investiguen aquests fets en els quals els membres del govern valencià que van participar d’aquesta decisió i les persones que van acceptar el càrrec de consellers de RTVV són els que estarien afectats per aquest delicte i per tant els que haurien de respondre davant la justícia.





http://www.europapress.es/economia/noticia-compromis-exige-investigar-electricas-penalizar-quienes-no-instalaron-controladores-potencia-20131110142739.html



MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
   Compromís-Equo ha registrado, para su debate en la Comisión de Industria del Congreso, una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que abra, a través de los organismos correspondientes, una investigación a las compañías eléctricas por haber penalizado de forma indebida a consumidores que no instalaron un Interruptor de Control de Potencia (ICP) en los plazos que establecía la ley.
   Según se recuerda en la iniciativa, que recoge Europa Press, en el año 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la obligación que todas las instalaciones eléctricas dispusieran de un elemento de control de potencia, los llamados ICP.
   Así, a partir de 2008 las empresas distribuidoras empiezan avisar a sus abonados de la necesidad de instalar estos elementos, fijándose como plazo máximo el 16 de junio de 2010. El coste aproximado del ICP, según los instaladores electricistas que Compromís cita en la iniciativa, rondaban los 70 euros a los que hay que sumar otros 9 euros para que la eléctrica compruebe y precinte el aparato, más el IVA total.

"UN BENEFICIO DE MILLONES"

   La normativa también recogía el régimen de sanciones previsto por incumplir esta obligación. Así, unos dos millones de hogares según Compromís fueron sancionados por no instalar el ICP, infracción por la que "han estado pagando entre 15 y 30 euros de más cada mes en su factura de la luz", lo que suma unos 360 euros anuales por abonado.
   Estas sanciones, gestionadas por las propias compañías distribuidas, se han traducido en "un beneficio de millones de euros para las compañías suministradoras" que, en paralelo, estaban acometiendo un plan de sustitución de los viejos contadores mecánicos por nuevos aparatos digitales que ya cuentan con los controladores de potencia.
   Así, "todos los usuarios que instalaron el ICP se han encontrado con que, en un breve plazo, éste no sirvió para nada", critica la formación, que además asegura que algunas de las eléctricas "incluso han mantenido las sanciones a pesar de haber instalado los nuevos contadores con ICP, al no haberlos accionado".
   "Obligar a los ciudadanos a sufragar el coste de instalarse un ICP por su cuenta cuando las compañías tenían en marcha un plan de renovación de los contadores, imponiendo sanciones durante todo un año a quienes no se lo instalaron, ha supuesto un claro abuso hacia los consumidores", denuncia Compromís-Equo.

LA CNE YA LO AVISÓ

   Máxime si se tiene en cuenta que las propias distribuidoras eléctricas incumplieron su obligación de tener sustituidos el 30% de los contadores mecánicos en el año 2010 y la totalidad del parque en 2018, sin que ello les conllevara ningún tipo de sanción, según critica la coalición.
   De hecho, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) avisó en uno de sus informes, que cita la iniciativa, de que "en el caso de suministros sin ICP a los que se les esté cobrando una penalización, debería dejar de aplicarse en el momento en que se instale el nuevo equipo de medida, independientemente de cuándo se active la función de control de potencia".
   Asimismo, el regulador señaló en 2009 que "la implantación de los nuevos equipos de medida debía conllevar la desinstalación del ICP colocado en el domicilio del cliente, ya que el nuevo contador incluye la función de control", otra práctica que según Compromís "se ha incumplido".
   Por todo ello, la formación exige al Gobierno que abra una investigación sobre la actuación global de las compañías eléctricas en su gestión de las imposiciones de recargos por falta de instalación de ICP y en cuanto a los ritmos y plazos de renovación de los contadores", y también reclama que se obligue a las compañías a devolver el dinero cobrado en concepto de sanción.

Los colegios para Montserrat y el Perelló que anunció Fabra no están en los presupuestos

El consellera Català tampoco aclara en las Corts si se edificarán estos dos centros durante el próximo año

10.11.2013 | 00:00

La intervención a principios de semana de la consellera de Educación, María José Catalá, en las Corts para explicar el presupuesto de su conselleria para 2014 arroja nubarrones sobre el compromiso adquirido apenas un mes antes por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de impulsar en 2014 los colegios de Montserrat y el Perelló, que se encuentran en barracones.
Al contrario que el presidente, que sí citó directamente a estos dos colegios en el debate de política general, la consellera Catalá se refirió en genérico al compromiso del Consell de acabar con los barracones antes de las elecciones de mayo de 2015.
Es la segunda vez que en apenas dos semanas la realidad arroja un jarro de agua fría a la promesa de Fabra. La primera llegó con los presupuestos de la Generalitat para 2014 el 30 de octubre, en los que no aparecían consignados ninguno de los dos colegios. El segundo llegó después de que Catalá tampoco los citara en su comparecencia.
Con todo, no está del todo descartado que las obras puedan comenzar en 2014 porque la Consellera de Educación deja una puerta abierta a que puedan iniciarse las obras en ambos centros en 2014 con una partida de 44 millones de euros que se destinará íntegramente a construcción y mantenimiento de infraestructuras.
Sin embargo, ni ella ni su departamento, al que Levante-EMV ha preguntado esta semana hasta en tres ocasiones, han aclarado si en esta partida habrá una dotación para los centros de Montserrat y el Perelló.