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dissabte, 15 d’octubre de 2011

Contrato ilegal de Mas con Aquagest







La Conselleria de Economía considera "contrario al ordenamiento jurídico", porque "infringe manifiestamente la ley", el contrato entre el Ayuntamiento de Montserrat y la empresa Aquagest Levante SA para abastecer de agua a esta población y garantizar el suministro a un proyecto urbanístico de 1.200 viviendas con campo de golf.
En un demoledor informe, elaborado por la Junta de Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía a petición del propio ayuntamiento, se considera que "el contrato de abastecimiento de agua potable" con Aquagest, modificado el 18 de agosto de 2007 y el acuerdo plenario de febrero de 2007 que lo impulsó, "son contrarias al ordenamiento jurídico al alterar elementos esenciales del contrato licitado y adjudicado; habiéndose por tanto vulnerado los principios de publicidad y libre concurrencia rectores de la contratación pública".
Se da la circunstancia que el PAI (programa de actuación integrada) Vertix XXI que pretende nutrirse de este nuevo contrato ya ha obtenido vía libre de la Comisión Territorial de Urbanismo aunque con varios condicionantes: "la efectiva disponibilidad legal" de los recursos hídricos suficientes, el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del informe acústico. El PAI, que se tramita desde antes que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV), prevé la reclasificación de 1 millón de metros cuadrados de suelo de tres términos municipales (Montserrat, Torrent y Picassent) para construir 1.200 viviendas y un campo de golf.
Los antecedentes de este rocambolesco contrato se remontan a 1997. El Ayuntamiento de Montserrat contrató ese año, mediante concurso, la concesión del servicio de agua potable de la población a la mercantil Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas SA. Diez años después, "por razones de interés público basadas en nuevas necesidades se plantea una modificación del contrato" con Aquagest "en el ámbito territorial y temporal, modificando el régimen económico-financiero de la concesión y las tarifas, con el objetivo de alcanzar una tarifa única y una única empresa concesionaria en todo el ámbito territorial del término municipal".
No obstante, esta nueva situación suscitaba dudas sobre si se debía acudir a un nuevo contrato por lo que el Ayuntamiento de Montserrat decidió consultar a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía. Al consistorio le interesaba, sobre todo, "las condiciones que se han de cumplir para no tener que realizar una nueva licitación, teniendo en cuenta que se dispone de acuerdo con la empresa concesionaria".
El primer comentario del informe de la Conselleria de Economía no tiene desperdicio. "La cuestión planteada por el Ayuntamiento de Montserrat no es baladí, pues viene siendo lamentablemente común, que por vía de modificación de contrato en aras al interés general y nuevas necesidades, se produzcan alteraciones sustanciales de lo inicialmente licitado y adjudicado, transgrediendo así los principios de publicidad y concurrencia informadores de la contratación pública". Entre las infracciones más flagrantes de la ley, se encuentra la duración del contrato entre el ayuntamiento y Aquagest. "El contrato se suscribe inicialmente por 4 años, con prórrogas iguales hasta los 75 años, máximo permitido por esta legislación aplicable en la fecha, y que la modificación pretendida establece que la duración del contrato será de 40 años desde la firma de la misma".
Se infringe manifiestamente la ley
Pero la Junta es taxativa. "El contrato inicialmente aprobado infringe manifiestamente la ley, puesto que rompe con el principio general de que las prórrogas no pueden superar el plazo inicial de ejecución", señala el informe de Economía. De esta manera, si el contrato inicial era de 4 años, la prórroga sólo podía establecerse por cuatro años más. Sin embargo, "el pliego de condiciones económico administrativas y técnicas establece prórrogas sucesivas de cuatro años hasta llegar a los 75 ".
Mireia Mollà, diputada de Compromís, ha dirigido una pregunta al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, para verificar si al dar vía libre al PAI la Comisión de Urbanismo "ha tenido en cuenta el informe" de Economía.


http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008081000_19_482180__ComunitatValenciana-Economia-ilegal-contrato-para-agua-1200-viviendas-avalo-Urbanismo

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