MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Compromís-Equo ha registrado, para su
debate en la Comisión de Industria del Congreso, una proposición no de
ley en la que exige al Gobierno que abra, a través de los organismos
correspondientes, una investigación a las compañías eléctricas por haber
penalizado de forma indebida a consumidores que no instalaron un
Interruptor de Control de Potencia (ICP) en los plazos que establecía la
ley.
Según se recuerda en la iniciativa, que recoge Europa Press, en el
año 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la
obligación que todas las instalaciones eléctricas dispusieran de un
elemento de control de potencia, los llamados ICP.Así, a partir de 2008 las empresas distribuidoras empiezan avisar a sus abonados de la necesidad de instalar estos elementos, fijándose como plazo máximo el 16 de junio de 2010. El coste aproximado del ICP, según los instaladores electricistas que Compromís cita en la iniciativa, rondaban los 70 euros a los que hay que sumar otros 9 euros para que la eléctrica compruebe y precinte el aparato, más el IVA total.
"UN BENEFICIO DE MILLONES"
La normativa también recogía el régimen de sanciones previsto por incumplir esta obligación. Así, unos dos millones de hogares según Compromís fueron sancionados por no instalar el ICP, infracción por la que "han estado pagando entre 15 y 30 euros de más cada mes en su factura de la luz", lo que suma unos 360 euros anuales por abonado.Estas sanciones, gestionadas por las propias compañías distribuidas, se han traducido en "un beneficio de millones de euros para las compañías suministradoras" que, en paralelo, estaban acometiendo un plan de sustitución de los viejos contadores mecánicos por nuevos aparatos digitales que ya cuentan con los controladores de potencia.
Así, "todos los usuarios que instalaron el ICP se han encontrado con que, en un breve plazo, éste no sirvió para nada", critica la formación, que además asegura que algunas de las eléctricas "incluso han mantenido las sanciones a pesar de haber instalado los nuevos contadores con ICP, al no haberlos accionado".
"Obligar a los ciudadanos a sufragar el coste de instalarse un ICP por su cuenta cuando las compañías tenían en marcha un plan de renovación de los contadores, imponiendo sanciones durante todo un año a quienes no se lo instalaron, ha supuesto un claro abuso hacia los consumidores", denuncia Compromís-Equo.
LA CNE YA LO AVISÓ
Máxime si se tiene en cuenta que las propias distribuidoras eléctricas incumplieron su obligación de tener sustituidos el 30% de los contadores mecánicos en el año 2010 y la totalidad del parque en 2018, sin que ello les conllevara ningún tipo de sanción, según critica la coalición.De hecho, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) avisó en uno de sus informes, que cita la iniciativa, de que "en el caso de suministros sin ICP a los que se les esté cobrando una penalización, debería dejar de aplicarse en el momento en que se instale el nuevo equipo de medida, independientemente de cuándo se active la función de control de potencia".
Asimismo, el regulador señaló en 2009 que "la implantación de los nuevos equipos de medida debía conllevar la desinstalación del ICP colocado en el domicilio del cliente, ya que el nuevo contador incluye la función de control", otra práctica que según Compromís "se ha incumplido".
Por todo ello, la formación exige al Gobierno que abra una investigación sobre la actuación global de las compañías eléctricas en su gestión de las imposiciones de recargos por falta de instalación de ICP y en cuanto a los ritmos y plazos de renovación de los contadores", y también reclama que se obligue a las compañías a devolver el dinero cobrado en concepto de sanción.
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