a raíz de una moción presentada por el portavoz de Compromís, Antonio Badía, en octubre, eliminar los obstáculos de la calzada, como los reductores de velocidad, que no sean necesarios y donde se estime conveniente adecuarlos a la legalidad vigente. Ahora, Badía acusa al tripartito, (PSPV, AIGUA y EU) y a la oposición (PP) de no hacer nada para que se respete la legalidad vigente y advierte de que hay riesgo de accidentes.
http://www.lasprovincias.es/v/20120126/ribera-costera/compromis-denuncia-badenes-ilegales-20120126.html
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dijous, 26 de gener del 2012
Compromís denuncia badenes ilegales en MONTSERRAT
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dissabte, 15 d’octubre del 2011
Mocion badenes ilegales
ANTONIO BADÍA MOLINA, - CON DOMICILIO EN MONTSERRAT (VALENCIA), portavoz de COMPROMÍS: Iniciativa del Poble Valencià, y en su nombre y representación
EXPONE:
Que es conocido por Compromís: Iniciativa del Poble Valencià de Montserrat que se están repintado los llamados “pasos de peatones elevados” así como las bandas transversales de alertas, más conocidos como ‘guardias dormidos’, en todo el término municipal y que no se ajustan a la legalidad vigente.
Que como vecino anteriormente y hoy como representante de la organización política ya referenciada he manifestado el desacuerdo dichos obstáculos en la calzada de nuestras calles y caminos, muchos de ellos incompatibles con la seguridad de los conductores y de los vehículos, resaltar que “el artículo 5 del Reglamento General de Circulación convierte en obstáculos prohibidos los resaltos en pasos de peatones y las bandas transversales que no cumplan con la normativa básica del ministerio de Fomento”.
La normativa, como ustedes saben, establece que el modelo de los reductores de velocidad será “una plataforma trapezoidal de 10 centímetros de altura como máximo, construida en hormigón o material asfáltico, con un máximo de 4 metros de largo y unas rampas de subida y bajada de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo del límite de velocidad existente: 1 metro para límites de 30 Km.; 1,5 mts. para 40 Km. y 2,5 mts. para velocidades de 50 Km”
Que opino necesario que el Ayuntamiento de Montserrat haga lo necesario para eliminar los mencionados obstáculos de la calzada o los adecue a la legalidad vigente, es por ello que,
SOLICITO:
Que los Grupos Municipales presentes en el consistorio, tengan conocimiento de la problemática, la hagan suya, como representantes de los ciudadanos de Montserrat y presenten y apoyen la Moción que expongo a continuación:
MOCIÓN
El Pleno Municipal del ayuntamiento de Montserrat, puesto que la actual legislación establece que el modelo de los reductores de velocidad será “una plataforma trapezoidal de 10 centímetros de altura como máximo, construida en hormigón o material asfáltico, con un máximo de 4 metros de largo y unas rampas de subida y bajada de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo del límite de velocidad existente: 1 metro para límites de 30 Km.; 1,5 mts. para 40 Km. y 2,5 mts. para velocidades de 50 Km”.
Que puesto que los mencionados obstáculos no cumplen esta norma y son incompatibles con la seguridad de los conductores y de los vehículos.
Por todo ello el Pleno de Montserrat,
ACUERDA:
Manifestar su preocupación por el problema existente.
Eliminar estos obstáculos donde no sean necesarios y donde se estime conveniente, adecuarlos a la legalidad vigente.
Montserrat a 11 de octubre de 2011

Fdo.: Antonio Badía Molina
Portavoz, Compromís: Iniciativa del Poble Valencià.
SRES/AS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTSERRAT
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Contrato ilegal de Mas con Aquagest
La Conselleria de Economía considera "contrario al ordenamiento jurídico", porque "infringe manifiestamente la ley", el contrato entre el Ayuntamiento de Montserrat y la empresa Aquagest Levante SA para abastecer de agua a esta población y garantizar el suministro a un proyecto urbanístico de 1.200 viviendas con campo de golf.
En un demoledor informe, elaborado por la Junta de Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía a petición del propio ayuntamiento, se considera que "el contrato de abastecimiento de agua potable" con Aquagest, modificado el 18 de agosto de 2007 y el acuerdo plenario de febrero de 2007 que lo impulsó, "son contrarias al ordenamiento jurídico al alterar elementos esenciales del contrato licitado y adjudicado; habiéndose por tanto vulnerado los principios de publicidad y libre concurrencia rectores de la contratación pública".
Se da la circunstancia que el PAI (programa de actuación integrada) Vertix XXI que pretende nutrirse de este nuevo contrato ya ha obtenido vía libre de la Comisión Territorial de Urbanismo aunque con varios condicionantes: "la efectiva disponibilidad legal" de los recursos hídricos suficientes, el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del informe acústico. El PAI, que se tramita desde antes que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV), prevé la reclasificación de 1 millón de metros cuadrados de suelo de tres términos municipales (Montserrat, Torrent y Picassent) para construir 1.200 viviendas y un campo de golf.
Los antecedentes de este rocambolesco contrato se remontan a 1997. El Ayuntamiento de Montserrat contrató ese año, mediante concurso, la concesión del servicio de agua potable de la población a la mercantil Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas SA. Diez años después, "por razones de interés público basadas en nuevas necesidades se plantea una modificación del contrato" con Aquagest "en el ámbito territorial y temporal, modificando el régimen económico-financiero de la concesión y las tarifas, con el objetivo de alcanzar una tarifa única y una única empresa concesionaria en todo el ámbito territorial del término municipal".
No obstante, esta nueva situación suscitaba dudas sobre si se debía acudir a un nuevo contrato por lo que el Ayuntamiento de Montserrat decidió consultar a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía. Al consistorio le interesaba, sobre todo, "las condiciones que se han de cumplir para no tener que realizar una nueva licitación, teniendo en cuenta que se dispone de acuerdo con la empresa concesionaria".
El primer comentario del informe de la Conselleria de Economía no tiene desperdicio. "La cuestión planteada por el Ayuntamiento de Montserrat no es baladí, pues viene siendo lamentablemente común, que por vía de modificación de contrato en aras al interés general y nuevas necesidades, se produzcan alteraciones sustanciales de lo inicialmente licitado y adjudicado, transgrediendo así los principios de publicidad y concurrencia informadores de la contratación pública". Entre las infracciones más flagrantes de la ley, se encuentra la duración del contrato entre el ayuntamiento y Aquagest. "El contrato se suscribe inicialmente por 4 años, con prórrogas iguales hasta los 75 años, máximo permitido por esta legislación aplicable en la fecha, y que la modificación pretendida establece que la duración del contrato será de 40 años desde la firma de la misma".
Se infringe manifiestamente la ley
Pero la Junta es taxativa. "El contrato inicialmente aprobado infringe manifiestamente la ley, puesto que rompe con el principio general de que las prórrogas no pueden superar el plazo inicial de ejecución", señala el informe de Economía. De esta manera, si el contrato inicial era de 4 años, la prórroga sólo podía establecerse por cuatro años más. Sin embargo, "el pliego de condiciones económico administrativas y técnicas establece prórrogas sucesivas de cuatro años hasta llegar a los 75 ".
Mireia Mollà, diputada de Compromís, ha dirigido una pregunta al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, para verificar si al dar vía libre al PAI la Comisión de Urbanismo "ha tenido en cuenta el informe" de Economía.
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008081000_19_482180__ComunitatValenciana-Economia-ilegal-contrato-para-agua-1200-viviendas-avalo-Urbanismo
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